¿Permisos de chocolate?
El combate a los poderes fácticos es el sello distintivo de la administración peñista, en cuya cúpula se habían trazado -a finales del año pasado- una meta que se antojaba quimérica: demoler las estructuras que sustentaban el poderío de Los Caballeros Templarios, del Cártel de Sinaloa, y de aquellos empresarios -el Zar de los Casinos, los socios de Oceanografía o Susumo Azano, por mencionar a los más visibles- que hubieran aprovechado sus contactos con el gobierno federal.
En este último segmento, el denominador común es la presencia de panistas, ya sea en los permisos expedidos a consorcios como Producciones Móviles, El Palacio de los Números y Big Bola -por citar a los más prolíficos, junto con Emex-, quienes pervirtieron el sistema al extremo de que los funcionarios que pasaron por la Secretaría de Gobernación, a finales del sexenio foxista, se convirtieron en abogados de casineros (…) o en empresarios del ramo.
Un esquema similar aplicó en el caso de los litigantes que agruparon a los productores agrícolas que introdujeron vehículos usados al país, no obstante la prohibición expresa de las autoridades hacendarias, gracias a la protección de jueces federales. Uno de los grupos más consolidados en este jugoso negocio está encabezado por Carlos Armando Reynoso Nuño, quien fungió como titular de la Unidad de Gobierno de la SEGOB, y su hermano Raúl, quien hasta el año pasado era el director de comunicación social del CEN del PAN. Ambos formaban parte del grupo político del extinto secretario de Gobernación, Juan Francisco Blake Mora, y son originarios de Tijuana, donde también está asentado otro consorcio que tramita los permisos para los “autos chocolates”, aunque este tiene filiación priísta. Entre ellos se encuentran el diputado mexiquense Héctor Pedroza; Enrique Acosta Fregoso, ex líder de la CNOP en Baja California, ex delegado de la Sedatu y actual delegado nacional del PRI en Baja California Sur; Eli Topete Robles, diputado en Baja California y ex candidato a la Alcaldía de Mexicali, e Hiram Rojas Hernández, casinero y ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara Baja. Ambos grupos están actualmente en la mira de las autoridades hacendarias y del Poder Judicial de la Federación, que habrían abierto una investigación para desarticular una red de tráfico de influencias que introduce vehículos procedentes de EU a México, en la que además estarían involucrados jefes aduanales, altos mandos del SAT y jueces de la península californiana.
A su modo, han decidido afrontar lo que consideran una campaña de linchamiento y salir en defensa de la importación responsable de autos. Y es que quienes han suscrito los amparos -argumentan- han cumplido escrupulosamente el pago de los impuestos reclamados por las autoridades locales y federales, además de las especificaciones técnicas, a fin de garantizar que los vehículos no implican riesgos a sus usuarios ni exceden las normas vigentes sobre la emisión de contaminantes.
Negados a aceptar que son autos chatarra o chocolate, defienden el valor añadido de esos vehículos que se convierten en un elemento productivo, ya que son utilizados ya sea para reducir los costos y tiempos de traslado y facilitan el traslado de insumos y mano de obra.
Y esgrimen un argumento eminentemente económico para defender su negocio: la integración comercial de México. Sostienen que la importación de automóviles es un compromiso suscrito por nuestro país en el marco del TLCAN, lo que permite una apertura gradual desde el 1 de enero del 2009 hasta el 2019.
“La vocación comercial de nuestro país -representada en la gran cantidad de tratados de libre comercio firmados con más de 50 economías foráneas– y la dinámica comercial en el mundo nos impiden cerrar las posibilidades de intercambios comerciales, sobre todo cuando éstos cubren demandas que, a nivel local, no son satisfechas”, insisten.
Y sostienen que la importación responsable de autos, sostienen, no afecta a la industria mexicana armadora de autos. ¿Será? En cualquier caso, sería deseable que en aras de dinamizar la competencia, la industria nacional construyera esquemas que permitieran satisfacer la demanda de aquellos que no pueden adquirir un vehículo nuevo (…), ya sea por los altos costos o por la escasez de créditos bancarios y el endurecimiento de las reglas, por parte de las autoridades financieras.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿RELEVO? Desde hace tres semanas, el gabinete del gobierno Veracruz está incompleto. Y es que el maestro Fernando Charleston Hernández ha tenido que dejar la Secretaría de Finanzas, después de un par de meses complicados. La atención de su precaria salud demanda medidas extraordinarias y obliga al mandatario priísta, Javier Duarte de Ochoa a aceptar la renuncia. El funcionario que tomará la batuta será ungido el próximo 15 de julio. En tierras jarochas hablan con insistencia sobre un subsecretario de la hacienda peñista, quien sería el sustituto. Para más señas, es un orizabense distinguido, quien ya trabajó en la administración estatal, cuando Fidel Herrera gobernaba la entidad. De darse este relevo, enseguida vendría un ajuste en el equipo de Luis Videgaray Caso. ¿Será?
elsenderodelapostador 