Presentarán la nueva Ley de Juegos y Sorteos en México
Publicado en agosto 29, 2014 with Sin Comentarios
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El tema de los premios, las carreras, la vigilancia de las apuestas y la auditoría a los ganadores son asuntos que descansan el sueño de los justos en la oficina de González Salas.
El próximo 1 de septiembre, si no hay otra postergación injustificada, la comisión de funcionarios de la Secretaría de Gobernación e integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados presentarán la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos con lo que se espera se ponga orden a uno de los sectores más estigmatizados y extorsionados por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Un anuncio importante, sin duda, porque es una parte industria del entretenimiento que le ha dado a las arcas estatales, municipales y federales más de 2.8 millones de pesos anualmente (según propios datos de la APJS de 2012) y de pagos de permisos a SEGOB alrededor de 710 millones de pesos, además de generar más de 200 mil empleos directos e indirectos.
Ha trascendido que se creará un Instituto o Comisión Nacional del Juego como órgano supremo para autorizar, sancionar y revocar permisos en el sector. Sin embargo, los flancos abiertos por la actual Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJyS), a cargo de Marcela González Salas, siguen siendo muchos. Por ejemplo, su compromiso hace dos años de dar a conocer la lista de las empresas que operan ilegalmente no se ha dado a conocer. Peor aún, las dos operaciones judiciales contra casineros irregulares como EMEX y Exciting Games se están cayendo por aparentes inconsistencias; el primero porque Rojas Cardona le sigue ganando amparos al aparato jurídico de DGJyS y al segundo porque ha promovido una controversia dentro de los acuerdos del TLCAN. Un tercer caso que sigue sin pies ni cabeza y no se vislumbra ninguna voluntad de la autoridad por hacerlo es el expediente de Comercializadora de Juegos de la Frontera de Francisco Javier Rodríguez Borgio, que opera los casinos Big Bola.
Tampoco hay que perder de vista los recientes anuncios que ha dado a la DGJyS: el 26 de junio el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció las bases para la reactivación del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, órgano que formará parte del nuevo marco jurídico y que durante las pasadas administraciones había quedado en letra muerta. Según el DOF, el Consejo estará integrado por un presidente (el secretario de Gobernación); un secretario técnico (hasta ahora sería la misma directora General de Juegos y Sorteos) y consejeros a elegir (sujetos aún a definición, que podrían ser legisladores federales y representantes de la sociedad civil y de las asociaciones de casineros).
Hace cosa de un mes y al cierre de esta columna, igualmente a través del DOF, la Dirección General de Juegos y Sorteos abrió las plazas para funcionarios que cubran direcciones para la inspección y vigilancia de casinos, verificadores de permisos e inspectores, que como lo reportó Fabiola Martínez de La Jornada, eran un número ridículo de supervisores para atender un sector donde lo que priva es el desorden, la ilegalidad y el fraude.
En el caso de las carreras de caballos y galgos, una fuente bien informada en este negocio de apuestas y crianza de equinos, ha destacado que el Comité Técnico encargado de la rectoría del sector ha cambiado; finalmente el funcionario impuesto desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación, Manuel Pacheco Hinojosa, habría renunciado y en su lugar se habría nombrado una especie de órgano colegiado donde habría varias dudas de quiénes lo integran. Hasta ahora, Marcela González Salas ha guardado silencio al respecto y todo está en total secrecía, cuando en ese mundillo todos saben que tiene trato preferencial hacia algunas de las empresas concesionadas. El tema de los premios, las carreras, la vigilancia de las apuestas y la auditoría a los ganadores son asuntos que descansan el sueño de los justos en la oficina de González Salas que “ni ve ni oye” a los inconformes.
Por cierto, importante será seguir de cerca la crisis del Grupo México por el ecocidio provocado en el Río Sonora, porque la presión social aumenta conforme los daños ambientales y de impacto económico se hacen incuantificables. Hay una demanda para que la Secretaría de Economía no “exonere” a la empresa ni que el desastre y muerte provocados queden como quedó Pasta de Conchos en el sexenio pasado, porque además de exigirle el pago a los daños también se le retiren concesiones mineras. Pero un elemento que no debe soslayarse es que el dueño de Grupo México, Germán Larrea tiene otras cargas en su contra, como por ejemplo, que sea llamado “el zar del hipódromo de las Américas”, donde hay dudas sobre prácticas “preponderamentes” de sus caballos para que ganen y que la empresa que administra dicho lugar no invierta en la promoción de la industria hípica como está establecido en el título permisionario. El gobierno mexicano tiene mucho qué analizar alrededor de este empresario, socio y aliado de la derecha continental, como son sus financiamientos a algunas campañas políticas a partidos conservadores en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Perú, claro, con la anuencia del ex presidente Calderón.
Una pregunta más la expone en el último artículo que publicó el abogado especialista en Juegos y Sorteos, José Luis Benavides en la revista Casino Enterprise Management: “La actual administración entiende que un México mejor conectado será u país de ciudadanos mejor informados, con más alternativas de educación y desarrollo y un entretenimiento acorde a los tiempos en que vivimos y no aquellos de la intransigencia moralina. Bajo este tenor, el tema de los casinos en México cada vez toma una mayor relevancia y muchas son las empresas internacionales que desean una parte de este pastel virtual. Es, pues, necesario precisar a la autoridad mexicana, que el impacto social, la planeación, desarrollo, estrategias, mercadotecnia y operación de los casinos landbase (físicos) y los on-line o móviles…son absolutamente distintos. No hablo de mejores o peores, solo distintos entre sí.
“(Por lo anterior) la Secretaría de Gobernación… el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría General de la República deberían buscar mecanismos para que las empresas extranjeras de casinos por internet que ya operan en México de manera ilegal, sean sancionadas, boletinadas y bloqueadas sus direcciones IP de manera fulminante… toda vez, que… no generan empleos en México, depredan el mercado de los permisionarios mexicanos legales y no pagan… impuestos, derechos o aprovechamientos. Seguramente se escandalizarán muchos defensores del ‘acceso libre a internet’, pero no se confundan; no es el acceso, sino la captación ilegal de jugadores mexicanos solamente. Los casinos móviles aún no ven la luz en México y solo existen tímidos intentos de algunas empresas ystartups (iniciantes) que desarrollan aplicaciones esperando que su software pueda ser el nuevo candy crush (intraducible pero parecido a muégano), que de ser un juego ‘social’, pronto lo veremos en Las Vegas como candy casino slots (en los que los ganadores nada ganan en las apuestas, pero los casineros ganan por la publicidad que contratan)”.
En un sentido similar, el especialista Gabriel Sosa Plata (@telecomymedios), anticipa un “boom” en las apuestas por TV como impacto de la reciente reforma en telecomunicaciones, toda vez que hay vacíos jurídicos para regular al sector en este aspecto: la vinculación apuestas TV-Juego online no existe en legislación mexicana. “Hay que considerar también las facilidades para transmitir más publicidad en la tv abierta comercial. Por ejemplo, continúa la ambigüedad y vacío en modalidad de juego-sorteo por tv. De un tiempo a la fecha, televisoras han sido apercibidas o sancionadas por constantes violaciones a la ley en concursos y sorteos”, comentó Sosa Plata.
Como se aprecia, existen todavía muchas dudas sobre cómo subsanarán estos vacíos los integrantes de la comisión para presentar la nueva legislación en juegos y sorteos con apuestas en México.
Por lo pronto, no hay quitar el dedo del renglón para que tanto las autoridades actuales como los funcionarios que estarán por incorporarse, desahoguen la lista de pendientes comprometidos al inicio del presente sexenio.
ALEXIA BARRIOS G. para sdpnoticias.com
Codere presentó el preconcurso de acreedores a principios del pasado 2 de enero, por lo que el plazo de cuatro meses para llegar a un acuerdo o acogerse al concurso expiraba a principios de mayo.
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