#DebatePAN Casinos y Corrupción entre @ErnestoCodero y @GustavoMadero
CASINOS E INSEGURIDAD, LA CORRUPTA
DISPUTA POR EL PAN Publicado en enero 15, 2013
Dos grupos al interior del PAN se están dando con todo: el calderonismo, que impulsa a Margarita Zavala Gómez del Campo, y el Yunque, con Juan Manuel Oliva Posada. Y lo están haciendo, sacando a flote toda la mierda de corrupción, tráfico de influencias, abuso del poder con que malgobernaron durante 12 años. La guerra de los casinos, es un pequeño ejemplo del salpicadero de estiércol que viene tirando y con ventilador a su máxima potencia.
Pero no es el único caso, porque desde el lado del Yunque tampoco cantan mal las rancheras. El gobierno del estado de Guanajuato de Miguel Márquez, discípulo de Oliva y principal fuente de recursos para las próximas campañas, incluyendo la de la presidencia nacional del PAN, está por estallarle un escándalo que dejará muy parados a sus operadores y a los proveedores que se han beneficiado con las administraciones panistas.
Es el caso de un contrato por asignación en forma directa, “porque la ley lo permite”, por más de 2,700 millones de pesos a la empresa Seguritech, para la instalación de una red de videocámaras distribuidas en puntos estratégicos en todo el estado de Guanajuato, so pretexto de “garantizar la seguridad” de los ciudadanos, cuando en el fondo todo tiene que ver con fines políticos y de “espionaje”. Se trata del proyecto “Escudo”, iniciado en forma el pasado 21 de diciembre, y que funcionara como un verdadero Big Brother para vigilar no a los delincuentes, no para las vialidades, sino para acciones político-electorales. Al menos así se demuestra en el expediente de “casos de éxito” de siete entidades (Sonora, Coahuila, Nuevo León, Yucatán, Guerrero, Estado de México, y Jalisco) donde Seguritech ha vendido sus productos: buena vigilancia política, pero conservan altos e imparables niveles de inseguridad. El 27 de diciembre el Secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca, ante la presión de los medios y algunos opositores, quiso ocultar el nombre de la empresa y los detalles del proyecto “Escudo”, aludiendo que todo era legal y confidencial. Sin embargo, trascendió que técnicamente el proyecto contempla la instalación de 2 mil 556 cámaras de seguridad distribuidas en todo el estado y 92 arcos carreteros, video vigilancia urbana, video vigilancia local, sistema de transporte de datos, administración de videos, reset inalámbrico y la construcción y equipamiento del nuevo C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), según dieron a conocer. La autoridad estatal argumentó que Seguritech tiene probada trayectoria y capacidad (17 años de experiencia) para soportar el proyecto, además ha trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Pero las dudas persisten, porque otras empresas de seguridad mejor calificadas en México y el extranjero, saben que los costos por lo antes descrito no cuesta 2,700 mdp, sino mucho menos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara al cierre de 2012 pagó 25 mil pesos por cada cámara instalada, y aún así fue criticada la adquisición por caras:
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/12/22/guadalajara-instalara-160-camaras-de-videovigilancia-en-zonas-conflictivas/
Otro ejemplo, es el Ayuntamiento de Pénjamo, que compró en la administración 2009-2012 -en $10 mil pesos cada cámara instalada: http://www.correo-gto.com.mx/comunidades/77600-ls-pagaron-y-no-aparecen.html
Aunque el Comité de adquisiciones del Gobierno del Estado ha reiterado que la asignación directa del proyecto “Escudo” a Seguritech fue elegida se hizo porque “no podía arriesgarse un proyecto de seguridad a un proceso de licitación, con el riesgo de que la ganara una empresa sin la capacidad operativa y financiera para llevarla a cabo”, la triste realidad es que violentaron todas las normas y, peor aún, hay mucho dinero de por medio.
De ahí que, la palabra del mandatario, esté entre dicho, porque todo apunta que es un esquema financiero con fines políticos… donde la empresa y sus propietarios pueden salir muy mal de esta historia. Este horno está caliente y tendrá muchos panes quemados, y todo, por el control del desfondado Acción Nacional.
Rojas Cardona: corrupción y advertencia
Jorge Fernández Menéndez 29/04/2014 03:10
Pocas historias han sido tan oscuras, han navegado entre los capítulos más sucios del poder y los negocios, han generado tanta violencia, directa e indirecta, y se han beneficiado tanto de actos de corrupción y vacíos legales que la del llamado rey de los casinos, Juan José Rojas Cardona.
Un personaje que es prófugo de la justicia estadunidense, que comenzó como un estafador de poca monta y que se hizo de una fortuna defraudando a sus exempleadores y socios; que llegó no sólo a financiar campañas políticas en México, sino también a aportar para la de Barack Obama (aunque enterados de la fama del personaje, el comité del Partido Demócrata habría regresado los 200 mil dólares que, según el New York Times, aportaron los hermanos Rojas Cardona para la reelección del actual mandatario).
Luego de dos décadas de protección, complicidades y amenazas, esta semana la Secretaría de Gobernación ha decidido acabar con ese núcleo de poder que operaba en torno a Rojas Cardona, y del evidente descontrol existente en torno al negocio de los casinos que ni siquiera se pudieron poner en orden después de tragedias como el incendio del Casino Royale. Lo cierto es que en estos días alrededor de 45 casinos han sido clausurados por la Secretaría de Gobernación y se ha informado que todos los que funcionen de forma ilegal correrán la misma suerte. Por lo pronto, el centro de la acción está decidido a cerrar los casinos que operaba, vía amparos y actos de corrupción, el grupo de Rojas Cardona. Entre ellos han sido cerrados el Palmas Miravalle y Palmas Cumbres de Monterrey, así como otro ubicado en Cancún.
En Morelos fue cerrado el casino Kash, y en Puebla otro de la misma cadena. Rojas Cardona operaba los casinos mediante un amparo que le había ganado a la autoridad federal desde 2005, pese a que no cumplía con los requisitos legales para operar esos negocios. Ese amparo le permitió operar 26 casinos en todo el país y decía que contaba con permisos para 50. Si bien su carrera en el sector es anterior, fue durante el gobierno de Vicente Fox que consolidó todas estas esferas de poder, involucrándose profundamente en las áreas de Gobernación relacionadas con los permisos para casas de juego y utilizando en su favor procuradurías locales y en ocasiones jueces, pero también estableciendo su propia base de operación política. Tuvo relación con políticos de todo tipo, panistas, priistas y perredistas y en 2006 y 2012 apoyó económicamente todas las campañas.
Uno de ellos fue el actual candidato a la presidencia del PAN, Gustavo Madero, con quien estableció contacto a través de los sectores hegemónicos en el panismo de Nuevo León (también en Tamaulipas y en buena parte de Coahuila), representado por el controvertido exalcalde, y hoy diputado, Fernando Larrazábal. Fue éste quien conectó a Rojas Cardona conMadero, con su hermano y con el coordinador de los diputados Luis Villarreal. Un personaje es clave en todo ese proceso es un operador interno de mucho peso en el panismo, José Serrano, representante también de distintos artistas.
Todos ellos habían sido cercanos a otro controvertido expresidente municipal de Monterrey, Adalberto Madero, apodado Maderito y quien decía tener una lejana relación familiar con don Gustavo. A ese grupo pertenece también el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado. En muy buena medida por ese tipo de relaciones casi todos ellos: Larrazábal, Maderito y Preciado, en algún momento fueron separados e incluso expulsados del PAN y regresaron al partido, perdonados vía recursos y relaciones. Todos también tienen relación, directa o indirecta, con la industria del entretenimiento y el juego. Y ese era, es aún, el poder de Rojas Cardona: relación con dirigencias partidarias, con el coordinador de diputados del PAN, con el de sus senadores, con alcaldes y candidatos, en Nuevo León, pero también en el Estado de México, en Tamaulipas, en Coahuila, en Michoacán. Pero todo eso se puede desmoronar con la decisión de acabar con ese imperio. Lo que debería ser, también, algo más que una advertencia política para los involucrados con ese personaje.
AAARRANCAN!! LA NUEVA LEY DE CASINOS EN MÉXICO
Publicado en marzo 28, 2014 ¡Aaarrancan!! La nueva ley de casinos
Si pensaban que la agenda legislativa estaba agotándose de temas de alto impacto e interés nacional, pues se equivocan, porque varias iniciativas vienen cocinándose, a fuego lento y otras a tambor batiente. Una de ellas tendrá que ver con el sector de juegos y sorteos con apuestas en México, la cual desde 1947 ha sido solamente manoseada, manejada a discreción e intereses políticos, y desde 2004, gracias a Santiago Creel y sus sueños presidenciales, quien creo un reglamento espurio y anticonstitucional, además de un desorden total en las casas de juego en el país que ya han cobrado varias vidas. Pero qué tipo de legislación se habrá de cocinar, si desde el año pasado cuando estalló el caso de Thalia Vázquez Alatorre contra su ex marido, Juan Iván Peña Neder ni la PGR ni la SEGOB ni la Cámara de Diputados han podido dar un reporte preciso del tráfico de influencias, que a su vez se tradujo en tráfico de permisos y la proliferación de cientos de casinos ilegales. En lo que se constituyó como el primer gran escándalo de la corrupción panista hay muchas aristas por resolverse.
Por eso, es encomiable que pese a las presiones mediáticas, políticas y quizá de mafias, los diputados federales Ricardo Mejía Bermeja y Agustín Barrios Gómez (del Partido Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, respectivamente), integrantes de la comisión especial para resolver y proponer reformas al sector del juego, han mantenido una actitud proactiva para salir adelante.
Y aunque habían prometido que en el actual periodo de sesiones ya se tendría la iniciativa de reforma o creación de nueva ley, se habría decidido presentarla para el siguiente, o sea, para septiembre del año en curso. Al menos, eso es lo que han dejado entrever los legisladores federales en el último foro que han realizado en la materia, éste celebrado en el pasado 26 de marzo en la EGAP, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, del Tec de Monterrey campus Guadalajara. Si no hay nada extraordinario, la Comisión y la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación estarán obligadas a dar frutos sobre las distintas propuestas que se han presentado recientemente, entre las que destacan: Uno, despolitizar el tema, al grado de que no sólo se aclare el llamado “casinoGate” de los panistas, sino poner en orden a los alcaldes y gobernadores que han querido utilizar el tema como bandera política para alcanzar sus fines personales, como es el claro ejemplo de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
Las asociaciones como la AIEJA y la APJyS han reiterado la necesidad de tener certidumbre para alentar mayores inversiones. Sin embargo, algunos mandatarios y ediles han encontrado en la política “anticasinos” una atractiva bandera para “extorsionar institucionalmente” a las empresas (es decir, sacar millones de pesos en “mordidas”) y para ganar electores entre los ciudadanos que sienten temor a un sector que podría darles más beneficios que perjuicios.
Dos, desmitificar al sector de juegos con apuestas, que desde el incendio del casino Royale en Monterrey ha sido empleado como sinónimo de inseguridad y violencia, cuando ayer mismo, representes de los sectores de la hípica mexicana y de la educación han destacado no sólo sus beneficios en generación de empleo, fuente de financiamiento alterno para estudiantes y escuelas (el propio ejemplo del Sorteo Tec) sino también en la derrama fiscal para que las autoridades inviertan en seguridad.
Tres, depurar al sector de quienes han sido identificados como actores que lejos de alentar la competencia limpia y la transparencia en el sector, como lo denunció el apoderado de la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, Enrique Rodríguez Cano Ruiz, al señalar vicios y posibles irregularidades con que opera la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, a cargo de un empresario cercano a… Santiago Creel Miranda.
De hecho, en un documento ya no tan confidencial que circuló en 2006, se había hecho ya la denuncia sobre Manuel I. Pacheco Hinojosa: “Los amigos de Creel se preguntaban por qué no estaba Pacheco en su equipo de colaboradores de la SEGOB. Sencillo, le tenía dispuesto otra función, ser el que organizara la recaudación de fondos para su campaña presidencial y nadie mejor que este personaje, al frente de la “oscura” Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, trabajaría con bajo perfil y por de pronto podría, en tan honroso cargo “negociar permisos para el juego, como se demostró al final del sexenio: Televisa, CIE, Germán Larrea, entre otros muchos.”
Ahora es el momento en que autoridades y legisladores puedan echar ojo a esta parte del sector del que se desconoce y que cotidianamente se practica en varios rincones del país. Cuatro, fortalecer la rectoría del Estado en el sector y ampliar la corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno, reorientando el enfoque para que también participen la SECTUR; los empresarios legalmente constituidos y de probada trayectoria de limpieza en el sector de los juegos con apuestas; las asociaciones civiles e incluso, en algunos casos, vecinales, así como gremios de trabajadores, con el fin de que no sólo sean tomadas decisiones de trascendencia sino que se garantice que los beneficios económicos tengan impacto social –comunitario, en especial en atención a la salud pública, garantizado como operan en otros países.
Ya hay leyes y reglamentos para evitar el lavado de dinero y la simulación de operadores ilegales en el juego, lo que hace falta es certeza jurídica en los casinos para que éstos se legalicen y apliquen la ley, acabando con la discrecionalidad que viene desde hace varios años. Y cinco, ponerle freno a las empresas “preponderantes” (la palabra de moda) en otros sectores, y que han visto a los juegos con apuestas como un atractivo más a sus jugosos negocios. No en vano Televisa está en la jugada con Play City y, sin duda, Grupo Carso estarán tentado a incursionar también en esto, como podría pasar con la adquisición de una de las unidades de negocios de CIE, la propietaria de OCESA. Sin duda estamos en un momento interesante y serán los legisladores y el gobierno de la República los que pongan ya una nueva orientación al sector, pues como ya se observó con el primer permiso en el gobierno peñanietista otorgado la semana pasada, ya no hay vuelta atrás.
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