Antes de la proliferación de los casinos en México –la mayoría de los permisos para su operación fueron promovidos por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón–, la experta en materia de lavado de dinero María de la Luz Núñez Camacho alertó de cómo estos centros de apuestas servían en realidad en todo el mundo para las operaciones del crimen organizado y si se autorizaban en el país, dijo hace ya más de 1 década, serían la guarida perfecta para delinquir.
Por supuesto no se equivocó la exfuncionaria y principal responsable en aquellos años de combatir el blanqueo de capitales en México, pues desde hace tiempo hemos observado cómo funcionarios de la Secretaría de Gobernación, adscritos a la Dirección General de Juegos y Sorteos, han sido corrompidos por los zares de los casinos para que les otorguen más permisos e invadir con centros de apuestas lo mismo poblaciones ricas y pobres de todo el país.
Además, en las empresas que controlan los casinos cohabitan el crimen organizado, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la competencia desleal y problemas de salud con las drogas y la ludopatía (adicción al juego). Sin embargo, estas amenazas sociales son insuficientes para evitar que siga en aumento la proliferación de los casinos, pues las utilidades económicas que generan son cuantiosas y con ellas lo mismo se corrompe a autoridades municipales, estatales y federales, y se permite a la delincuencia blanquear dinero sucio y hacerse de recursos para sus actividades ilícitas.
Una buena nota que Fabiola Martínez publicó la semana pasada en La Jornada revela que en México hay más casinos que universidades e instituciones de educación superior. Dice que actualmente hay 341 casinos registrados ante la Secretaría de Gobernación, de los cuales el 76 por ciento (260) está en operación en 112 municipios del país y siete delegaciones de la capital de la República. Apenas 20 establecimientos fueron clausurados por autoridades locales, otros 17 por federales y 44 más porque sus permisionarios consideraron que el negocio no era rentable en las zonas donde se ubicaron.
En su investigación la reportera explica que la expansión de estos establecimientos no tiene un patrón definido, toda vez que el número de casinos aumenta en las principales áreas turísticas del país, pero también en zonas fronterizas, en ayuntamientos ricos o pobres e incluso en regiones notablemente afectadas por le crimen organizado. Esto último se explica porque es precisamente la delincuencia la que más utiliza para sus fines económicos estos centros de apuestas.
El problema es de tal dimensión que ha rebasado el control de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo cual en Los Pinos se prevé enviar al Congreso una nueva iniciativa de Ley Federal de Juegos y Sorteos, como también lo reporta Fabiola Martínez, a fin de tener más elementos para intentar ordenar ese sector.
En el mundo son contadas las regiones en donde los casinos son realmente un éxito como centros de apuestas. Ahí están Las Vegas, en Estados Unidos; Baden Baden, en Alemania; Monte-Carlo, en Mónaco; The Ventian Macao, en China; Sun City, en Sudáfrica, y Atlantis Paradise, en Bahamas. Por eso en México estos centros de apuestas que hay en toda la República son planeados para lavar dinero proveniente de actividades delictivas y no para operar como negocios lícitos.
Este negocio de los casinos en México ya ha traído inversionistas extranjeros, como la española Codere, que adquirió varios establecimientos del Grupo Caliente, perteneciente a la familia Hank Rhon, pero desde que llegó mostró preocupación por la anarquía y las casi nulas regulaciones que caracterizan a este negocio en el país. La comparación es inevitable desde la perspectiva de una multinacional del juego. Codere logró la titularidad de las licencias de operación de 35 salas de bingo y apuestas deportivas de Grupo Caliente, tras la aprobación de la Comisión Federal de Competencia.
Otro problema para la autoridad son los casinos ilegales, pues no sólo reciben en la mayoría de los casos dinero proveniente de fuentes ilícitas, sino que omiten ofrecer garantías laborales a sus empleados, quienes también participan en actividades prohibidas por la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que mucho del dinero que ingresa a los centros de apuestas proviene de fuentes ilegales, pero esto parece no importarle a los dueños de casinos, legales o ilegales: mientras la gente siga dejando sus millones de pesos nadie revisará la procedencia del dinero.
En México, aparentemente, el juego de azar en vivo tampoco está permitido –naipes y ruleta, por ejemplo– y supuestamente se persigue el lavado de dinero en este actividad. Pero lo cierto es que el dinero sucio está presente en todos los casinos que, como en el caso de Nuevo León, operan con la complacencia y complicidad de las autoridades municipales, en donde el hermano de un alcalde extorsionaba a los dueños de los casinos.
En consecuencia, el cambio al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos que promovió hace varios años el panista y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, no funcionó y, por el contrario, sólo permitió concentrar en muy pocas manos los permisos para la operación de centros de juego en donde se instalan máquinas tragamonedas, los famosos bingos o libros de apuestas.
La ley Creel no sólo aumentó el número de establecimientos irregulares, sino que la Secretaría de Gobernación simplemente se declara vencida ante la falta de recursos y personal calificado y honesto para enfrentar el reto. Muchos de sus empleados son sobornados por la mafia de los casinos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que si bien Gobernación inspeccionó en 2010 un total de 212 casas de juego, pertenecientes a 19 permisionarios, omitió la verificación de 59 establecimientos.
La ASF también encontró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con las herramientas y mecanismos para verificar que los operadores de este tipo de establecimientos cumplan con las medidas regulatorias y operativas mínimas que garanticen la seguridad de sus clientes y la legalidad de sus transacciones.
El trabajo aleatorio de la ASF en 12 de los 21 permisionarios con establecimientos en operación confirmó que “en cinco casos no se encontró la evidencia documental para acreditar la existencia de los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, por accidentes y otros siniestros en las instalaciones”.
Tampoco se encontraron los soportes documentales de las pólizas para cubrir los riesgos por incendio, explosión, destrucción, inundación y otros eventuales siniestros en los bienes muebles e inmuebles.
Según la ASF, se tenían registrados 320 establecimientos en operación, correspondientes a 21 de los 27 permisos vigentes, de los cuales 18 se otorgaron antes de la publicación del Reglamento de La ley Federal de Juegos y Sorteos el 17 de septiembre de 2004, y nueve se expidieron con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.
Cabildeo por una nueva ley
Se confirma entonces que los casinos en México transitan entre la ilegalidad y una ley nebulosa, anquilosada, con un reglamento que sólo benefició a unos cuantos y que ahora no sólo perjudica al erario sino que, como ya quedó demostrado, amenaza la seguridad social, así como de los clientes asiduos a estas actividades y hasta a los propios trabajadores de estos centros de apuestas que se ven en la necesidad de laborar en negocios poco transparentes.
En Argentina, por ejemplo, la aplicación de leyes municipales ha permitido que estos niveles de gobierno no sólo sean los que recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean los responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero.
En México, si bien hay leyes municipales que permiten o prohíben las casas de juegos y apuestas, es el gobierno federal –a través de las secretarías de Hacienda y de Gobernación– el que se encarga de la tributación en este sector y de regresar a estados y municipios las partidas correspondientes en línea con lo dispuesto por el Pacto Fiscal Federal. Es decir que el dinero a veces llega a los municipios y la mayoría de las veces no.
Con el actual reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos también se presentó otro fenómeno: se dejó intacto al juego clandestino y a las mafias que se han enquistado en él. Así, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento –sin actuar en consecuencia– del negocio que se desarrolla lo mismo en estados fronterizos del norte que del centro y sur del país.
Un problema más que la autoridad debe revisar son las máquinas tragamonedas que se instalan ilegalmente lo mismo en farmacias o tiendas de pueblo, en donde menores de edad juegan con libertad y pierden su poco dinero. Se trata de negocios que nadie fiscaliza y que generan ludopatía, sobre todo entre niños, mujeres y ancianos. Por ejemplo, la Segob tiene ubicado en Guadalajara a un grupo que controla más de 25 mil máquinas tragamonedas, actividad totalmente informal.
En Brasil se vive una situación parecida a la de México. A pesar de la definitiva historia de éxito que se escribe año con año en Brasil con su carnaval, los turistas que acuden a participar en él no podrán acudir a casinos legales porque simplemente la ley para regular su operación no se ha aprobado. Las mafias en Brasil que controlan los negocios como el del juego del bicho, una lotería subrepticia, han impedido que en el Congreso de ese país se apruebe la ley en la materia.
México ha perdido, hasta ahora, la oportunidad de ligar las inversiones en el sector turístico con el juego. Es un hecho que los empresarios del sector turístico nacional y extranjero no observan la suficiente certidumbre jurídica para invertir en la instalación de casinos en zonas en donde ya participan negocios que compiten de manera desleal.
Es más, según expertos y estudiosos en lavado de dinero, el negocio de casinos y apuestas en México nunca será un gran negocio, porque los grandes apostadores viajan a las Vegas o a Mónaco, en donde la diversión es mayor, mientras que en los centros de apuestas de otros países como México, sólo van las personas de menores ingresos.
Miguel Badillo*
*Periodista
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